Uno de los rasgos característicos de la sociedad mexicana del siglo XXI, lamentablemente, es la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. No es una percepción injustificada: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, realizada por el INEGI, en un año se registraron en el país cerca de 21.2 millones de víctimas de delitos sólo entre mexicanos de 18 años o más, y en el 93.3% de los casos no hubo una denuncia o no se inició una carpeta de investigación (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021). El costo para la población debido a la inseguridad pública fue en ese año de 277.6 millones de pesos, un promedio de $7,155 por cada víctima de delito.
En nuestra entrada anterior (que puede leerse aquí) se vio cómo la relación entre la escolaridad y el nivel de pobreza es directa e innegable. En lo que parece ser además un ciclo paradójico, es también la inseguridad económica entre los individuos un factor clave en la comisión de delitos como búsqueda de ingreso financiero fuera de los medios legales. Así es como muchas personas, desesperadas por su bajo nivel de ingresos, recurren al robo, la extorsión, el secuestro o el narcotráfico para encontrar el sustento al que no pueden acceder debido a su nivel de escolaridad bajo o cualquier otra circunstancia que les impida tomar trabajos bien remunerados dentro del marco de la legalidad.
Según un estudio llevado a cabo conjuntamente por la Universidad Anáhuac y la Secretaría de Gobernación (Martínez Lanz, 2019), el 82% de las personas recluidas en Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO) tienen apenas terminada la primaria (39%) o la secundaria (43%). Es también de notar dentro del estudio que más de la mitad de los recluidos fueron arrestados antes de cumplir los 30 años, lo que todavía se considera edad escolar para los niveles medio superior y superior dentro del sistema público de educación. Como señala la directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Anáhuac México sobre el estudio, «la baja escolaridad, unida a otros factores de riesgo tales como falta de oficio y de empleo, pobreza y violencia en el medio familiar y social, provocan serias carencias económicas que pueden llevar a delitos como narcotráfico y narcomenudeo, secuestro y participación en el crimen organizado» (ibid.).
No es de sorprender para la UNIDEV que todos los factores de riesgo que conducen a la criminalidad en los ciudadanos se relacionen directa o indirectamente al nivel de escolaridad, al que la sabiduría popular siempre ha relacionado, con tino, con la estabilidad intelectual y emocional de las personas, con la salud financiera y con la solvencia económica. Es con la necesidad urgente de la sociedad mexicana por reducir sus niveles de delincuencia y regresar a una comunidad segura que la apuesta de la UNIDEV es por el acceso a la educación de todos sus aspirantes interesados en continuar su desarrollo como ciudadanos e individuos social e intelectualmente responsables. Para la UNIDEV, es indispensable compartir esa sensación de deber de sus aspirantes por mejorar de forma personal y profesional y, al mismo tiempo, entregar resultados del más alto nivel. Es también por este compromiso permanente para con sus estudiantes y aspirantes que la UNIDEV entiende la urgencia de ofrecer un plan de estudios con fácil acceso para personas de cualquier edad interesadas en terminar su educación de nivel bachillerato, como ha hecho desde su incepción y como seguirá haciendo, entregada a sus estudiantes.
Referencias
—Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021, 22 de septiembre). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 [versión electrónica]. https://drive.google.com/file/d/1XudZQrJ8_w–xH6CzpNGto3X6cfJ3_hW/view?usp=sharing
—Martínez Lanz, P. (2019, 9 de junio). Educación vs delincuencia. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/patricia-martinez-lanz/nacion/educacion-vs-delincuencia