Historia de la protesta presidencial en México

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo contempla nueve fechas de descanso obligatorio en México. Siete de estas fechas son fijas, y entre ellas se encuentran, por ejemplo, las correspondientes a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Día del Trabajo y las conmemoraciones del natalicio de Benito Juárez y del inicio de la guerra de Independencia. Las otras dos fechas son variables, ya que no aplican para todos los años, sino sólo 1) cuando un nuevo presidente del país entra en funciones, cada seis años, y 2) cuando se designa el día para las elecciones políticas federales y locales (Expansión Digital, 2022). Hasta septiembre de 2024 el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo indicaba que la fecha en que se celebraría la entrada en funciones de un nuevo presidente sería el primero de diciembre («De diciembre a octubre», 2024); a partir de entonces se decidió establecer la fecha de cambio de poder el primero de octubre (ib.). Un cambio de este tipo puede dar pie a revisar cómo la toma de protesta presidencial en México ha tomado forma y cómo se ha asumido entre las personas como celebración popular y ritual cívico.

El primer antecedente histórico de la toma de protesta moderna, que es común a todos actos análogos en los países occidentales, está en la antigua Roma, donde los magistrados, al entrar en funciones, debían pronunciar un juramento frente al Senado poniendo a los dioses como testigos de su investidura (Zeind Chávez y Castañeda Camacho, 2019). Ya que esta tradición jurídica fue transmitida a los Estados y reinos que se derivaron de la disolución del Imperio romano, fue heredado de esa manera por España, que, al establecer sus territorios coloniales en el continente americano, también instauró la tradición en la que entonces era la Nueva España (ib.).

El antecedente más directo del actual discurso pronunciado por el presidente entrante en México al tomar protesta viene, de esa forma, de la Constitución de Cádiz promulgada en 1812 en España (Zeind Chávez y Castañeda Camacho, 2019), que, al regular formalmente la figura del rey por primera vez en la historia de la monarquía española, estableció una fórmula de pronunciamiento que iniciaba así:

«Yo, [nombre del rey entrante], por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas; juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la Religión Católica, Apostólica, Romana, sin permitir otra alguna en el Reino: que guardaré y haré guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española […].» (Zeind Chávez y Castañeda Camacho, 2019)

Después de la consumación de la guerra de Independencia en México en 1827, Agustín de Iturbide fue sacado de su cargo como primer emperador mexicano y el país entró por primera vez en la historia en un sistema de gobierno democrático, así que, llegado el momento en el que el Congreso Constituyente de 1823 redactó la primera Constitución del México independiente (Zeind Chávez y Castañeda Camacho, 2019), se determinó en el artículo 101 que, al tomar posesión de su cargo el primero de abril cada cuatro años, el presidente y el vicepresidente electos tendrían que pronunciar el siguiente juramento:

«Yo, [nombre del funcionario electo], nombrado presidente (o vicepresidente) de los Estados Unidos Mexicanos, juro por Dios y los Santos Evangelios, que ejerceré fielmente el encargo que los mismos Estados Unidos me han confiado, y que guardaré y haré guardar exactamente la Constitución y leyes generales de la Federación.» (Zeind Chávez y Castañeda Camacho, 2019)

Después de que la Constitución de 1824 hubiera establecido la fórmula que se pronunciaría al tomar juramento, en 1836 se determinó asimismo que este juramento tendría que ser pronunciado frente al Congreso del país (Zeind Chávez y Castañeda Camacho, 2019).

A partir de la publicación de las Leyes de Reforma en México en el siglo XIX, cuando los lazos entre el Estado y la Iglesia católica fueron cortados, se buscó retirar las connotaciones religiosas a los actos oficiales (Brooks, 2018), así que cuando la Constitución de 1857, de tendencia liberal, fue promulgada, la fórmula fue cambiada a la siguiente: «Juro desempeñar leal y patrióticamente el encargo de presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, conforme a la Constitución, y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión» (Zeind Chávez y Castañeda Camacho, 2019). De esa forma, aunque la referencia a «Dios y los Santos Evangelios» fue retirada de la fórmula, se mantuvo el verbo jurar que tiene todavía hoy en día una connotación principalmente religiosa («Jurar», 2023); de hecho, el término religioso de juramento aún se usa en países como Estados Unidos, donde el presidente entrante jura con la mano sobre una Biblia católica, e incluso en la misma España (Zeind Chávez y Castañeda Camacho, 2019).

El verbo jurar siguió apareciendo en la Constitución mexicana para reglamentar las palabras pronunciadas por el presidente entrante hasta 1917 (Zeind Chávez y Castañeda Camacho, 2019), cuando se promulgó, tras los primeros años de la Revolución mexicana, la Constitución actualmente vigente, en cuyo artículo 87 se estableció por primera vez que el responsable de la presidencia no juraría, sino que tomaría protesta frente al Congreso con la fórmula siguiente, aún en uso hoy en día:

«Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.» (Zeind Chávez y Castañeda Camacho, 2019)

En este sentido, se apeló a la acepción de la palabra protesta registrada en el Diccionario de la lengua española referente a la «promesa solemne de un alto dignatario al tomar posesión de su cargo» («Protesta», 2023), por lo que quedó eliminado por completo la referencia al juramento religioso.

Los últimos cambios significativos hechos a la reglamentación constitucional de la toma de protesta presidencial sucedieron en 2012, cuando, en respuesta a los obstáculos puestos por el candidato de las elecciones de 2006 Andrés Manuel López Obrador para impedir que el declarado ganador del cargo presidencial Felipe Calderón pudiera tomar protesta frente al Congreso (Brooks, 2018), se decidió que, en caso de que no fuera posible para el presidente entrante rendir su protesta frente al Congreso o la Comisión permanente, pudiera hacerlo también ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso o ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Zeind Chávez y Castañeda Camacho, 2019) para asegurar el paso efectivo del poder.

La toma de protesta hasta la actualidad es un acto meramente simbólico, pues el cargo formalmente es transferido, a partir de 2024, a la medianoche del primero de octubre, que es cuando los mandos militares entregan el control del país y la fuerza del Estado y el presidente o la presidenta entrante puede comenzar a tomar decisiones oficiales (Brooks, 2018). Sin embargo, como puede verse, como una tradición cívica de gran importancia en el México moderno, su trascendencia puede constatarse, si en nada más, al menos en la oportunidad que le brinda a los trabajadores de descansar por ley un día más cada seis años.