El inicio de la Guerra de Reforma en México

Ya que son numerosos y difícilmente abarcables los factores que la conforman, es fácil perder la perspectiva de qué tanto de la forma en la que se vive, como individuos y como sociedad, ha dependido de procesos históricos y sociales conflictivos y en apariencia contraintuitivos, pues el conocimiento de esos procesos permite cuestionar la noción de que la cotidianidad ha sido desde siempre la misma o que, si ha evolucionado y cambiado a lo largo de los años, ha sido de maneras naturales y pacíficas. Así sucede, por ejemplo, con las ideas comúnmente aceptadas acerca de lo que es justo.

En el caso de México, como se sabe, la base del sistema de vida social moderno se estableció en el siglo XIX con la guerra de Independencia iniciada por el cura Miguel Hidalgo que llevó a la declaración de la libertad del país y sus habitantes del antiguo sistema colonial de España. Sin embargo, la marca dejada por el sistema colonial monárquico español de 300 años de duración en México fue tan poderosa que incluso cuando la autonomía del país ya había sido declarada, había sectores de la población que todavía esperaban regresar a un gobierno liderado por un rey. Fueron estos deseos de volver a un gobierno monárquico, de hecho, los que llevaron a que México se convirtiera en dos ocasiones durante el siglo XIX en un imperio, uno encabezado por Agustín de Iturbide justo tras la consumación de la Independencia, y otro liderado por Maximiliano de Habsburgo como parte de la invasión francesa.

Los intentos de superar la influencia en la vida colectiva de las tendencias más conservadoras de los sectores de la sociedad que habían sido favorecidos por el gobierno colonial llevaron a políticos e intelectuales progresistas a enfrascarse en un conflicto civil armado tras otro durante el siglo XIX, razón por la que entre 1824, cuando entró en funciones el primer presidente libremente electo, que fue Guadalupe Victoria, y 1884, cuando comenzó el control dictatorial continuo de Porfirio Díaz que terminó en 1911, hubo en México cerca de 50 períodos distintos de mandato presidencial (o imperial, en el caso del ya mencionado Maximiliano de Habsburgo; «Presidentes de México», s. f.). Es decir, durante ese período de 60 años (1824-1884), hubo un cambio de presidente en promedio cada 1.2 años. Lo que es más: Antonio López de Santa Anna, célebre por haber cedido parte del entonces territorio mexicano al gobierno de Estados Unidos, llegó a ocupar la presidencia en 11 ocasiones distintas durante períodos cortos que en total le hicieron sumar cerca de seis años en el poder (Carmona Dávila, s. f.).

Fue justamente Santa Anna quien dio pie a los cambios políticos hoy conocidos como la Reforma. Con el fin de derrocar a Santa Anna, que había instaurado un gobierno dictatorial (Dotto, 2023), los políticos de tendencia liberal, entre quienes se encontraba Benito Juárez, publicaron en 1854 el Plan de Ayutla, donde convocaban a desconocer el gobierno de Santa Anna (ib.; González Navarro, 2006: 949). Tras un enfrentamiento entre los simpatizantes de Santa Anna y sus oponentes, Santa Anna terminó el que sería su último período en la presidencia de México y dio paso al nombramiento en octubre de 1855 del liberal Juan Álvarez como presidente interino (Dotto, 2023). Apenas tomó Juan Álvarez el cargo, Benito Juárez fue nombrado ministro de Justicia del país, convencido de que era necesario efectuar cambios al departamento de Justicia con el fin de terminar con los abusos cometidos de forma sistemática por las clases privilegiadas de la sociedad incluso desde el fin del virreinato (González Navarro, 2006: 950-951). Fue con esta intención en mente que Juárez promulgó el 23 de noviembre de 1855 la Ley Sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, que ha pasado a conocerse en la historia como la Ley Juárez (Dotto, 2023).

El meollo de la Ley Juárez era eliminar los tribunales especiales de justicia en todo el país (González Navarro, 2006: 953), excepto los militares y los eclesiásticos (Dotto, 2023). Sin embargo, los tribunales militares y eclesiásticos sólo podrían ya atender delitos propios de los miembros del ejército o de la Iglesia, respectivamente, lo que significaba que cualquier miembro del ejército o de la Iglesia podría ser juzgado por un tribunal del Estado con respecto a asuntos civiles (Dotto, 2023). Al reducir los privilegios del clero y de los militares en la impartición de justicia, la Ley representó un avance importante hacia la igualdad civil de todos los ciudadanos frente a la ley (ib.).

La Ley Juárez es de gran importancia histórica por haber sido la primera de las que fueron llamadas Leyes de Reforma, expedidas durante los gobiernos liberales de los presidentes Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y el mismo Benito Juárez entre 1855 y 1860 (Dotto, 2023), que en conjunto buscaban limitar frente al poder del Estado laico los privilegios y poderes de la Iglesia y otros grupos favorecidos durante el sistema colonial español (Juárez et al., 2020: 15). Otras leyes incluidas en este grupo («Expedición de las Leyes de Reforma», s. f.), por ejemplo, fueron la Ley del Matrimonio Civil (expedida en 1859) que estableció que el matrimonio tendría validez legal oficial sólo como un contrato civil, ya no como producto de una ceremonia religiosa; la Ley Orgánica del Registro Civil (1859), que declaró como una tarea del gobierno llevar registro de los nacimientos y las defunciones (una tarea que antes correspondía a la Iglesia) y llevó a la creación del registro civil; y la Ley Sobre la Libertad de Cultos (1860), que afirmaba el derecho de todas las personas de elegir y practicar el culto que desearan, permitiendo la existencia de una pluralidad religiosa antes prohibida al ser el catolicismo la única religión aprobada.

Como puede imaginarse, los sectores afectados por la expedición de la Ley Juárez no tardaron en expresar su inconformidad frente a su pérdida de privilegios. Esto fue en especial cierto entre los miembros del clero, que argumentaron desde los periódicos de tendencia conservadora que el fuero que les correspondía a ellos, a diferencia del fuero de los militares, no les había sido otorgado por el poder civil, sino desde la superioridad del poder originario de la ley de Dios (González Navarro, 2006: 955, 957), y que por tanto no debía ser alterado por el gobierno civil, ya que no era un privilegio, sino un derecho legítimo (op. cit.: 958). Frustrados por esta pérdida de privilegios, tras la publicación de la primera parte de las Leyes de Reforma en la Constitución de 1857, los conservadores lanzaron el Plan de Tacubaya esperando sacar a los políticos liberales del poder, lo que inició la Guerra de Reforma peleada entre liberales y conservadores de diciembre de 1857 a enero de 1861 (Dotto, 2023).

Como se puede ver, aunque puede creerse que los conceptos comunes en el México de hoy, como el registro de los matrimonios y los nacimientos frente al registro civil, la libertad de practicar cualquier religión sin temor a represalias y la igualdad de la ciudadanía frente a la ley, fueron avances espontáneos convenidos por la sociedad, fueron en realidad resultado de una visión social que tuvo que imponerse a muchos obstáculos con el fin de construir un país más justo. Esto, por supuesto, no deja de servir como testimonio del valor atemporal del esfuerzo por corregir sistemas injustos a pesar de la resistencia a la corrección que surge desde el propio sistema.