El origen de las fuerzas armadas en México

La defensa de los intereses nacionales en México por la vía armada y a través de estrategias militares oficiales efectivas no sólo es para todos comprensible, sino también parte de una responsabilidad histórica heredada de múltiples conflictos en los que las fuerzas armadas del país han tenido que intervenir legítimamente para procurar la autonomía o la estabilidad sociopolítica. Aunque con distintos nombres, las instituciones de defensa nacional que han existido en México a lo largo de su historia han sido claves en distintos momentos («Creación de la Secretaría de la Defensa Nacional», 2018): en la década de 1830, durante la guerra que terminó con la declaración de independencia del estado de Texas y su posterior integración a Estados Unidos; en la década de 1860, durante la invasión francesa de la que se celebra el triunfo del ejército mexicano en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862; durante la Revolución mexicana, en apoyo de la presidencia; y en la Segunda Guerra Mundial, al constituir el llamado Escuadrón 201, que participó en pos de los aliados contra las potencias del Eje formado por Alemania, Italia y Japón.

Este legado de actuaciones históricas permite explorar cómo surgió la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que es legalmente la encargada de organizar y entrenar a las fuerzas armadas ―tanto al ejército como a la Fuerza Aérea mexicanos― (Pérez Camacho, 2023) para defender al país y apoyar, en situaciones de emergencia o desastres naturales, a la sociedad civil («Se crea la Secretaría de la Defensa Nacional», s. f.).

El primer antecedente de la actual SEDENA tras el período de la colonia española en México fue la Secretaría de Guerra, instituida en 1814 mediante el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Septentrional (Pérez Camacho, 2023). Cuando se reglamentaron las atribuciones de la Secretaría de Guerra de la Regencia del Imperio Mexicano, en 1821, se le nombró como responsable de la Secretaría de Marina y se marcaron como su función principal «todos los asuntos pertenecientes a las armas y guerra de mar y tierra» (ib.). Con este objetivo en mente fue que su institución participó en los conflictos armados nacionales e internacionales enlistados más arriba, aun cuando su nombre oficial fue sufriendo cambios: llegó a llamarse Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, Ministerio de Guerra y Marina, y Secretaría de Guerra y Marina («Creación de la Secretaría de la Defensa Nacional», 2018).

Fue el 25 de octubre de 1937 que la entonces Secretaría de Guerra y Marina se renombró, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, como la Secretaría de la Defensa Nacional, el nombre que ostenta en la actualidad («Se crea la Secretaría de la Defensa Nacional», s. f.). Tres años más tarde, en 1940, se decidió separar las funciones de la SEDENA y de la armada marítima, lo que dio origen a la actual Secretaría de Marina («Creación de la Secretaría de la Defensa Nacional», 2018).

Ahora bien, un punto polémico desde hace décadas, no sólo en México, sino también en muchos otros países del mundo que atraviesan o han atravesado en tiempos recientes por crisis de seguridad nacidas de conflictos armados internos, como en el caso de Colombia (Nateras González y Valencia Londoño, 2020), ha sido la creciente participación de las fuerzas armadas, como aquellas administradas en México por la SEDENA, en actividades y tareas que originalmente no les correspondían por ley. Esto ha llevado en la actualidad a que sean en México miembros del ejército quienes se encarguen de la vigilancia y el control administrativo de puertos mercantes y aduanas marítimas, así como de la construcción de aeropuertos, sistemas ferroviarios y sucursales bancarias del Estado («Se crea la Secretaría de la Defensa Nacional», s. f.), tareas todas que en circunstancias normales corresponderían a autoridades y trabajadores civiles, no a miembros de las fuerzas armadas.

La razón por la que esta transferencia de responsabilidades con el visto bueno del gobierno ha sido en especial controversial es que la forma en la que una institución militar está diseñada para funcionar no corresponde con la manera en que opera una institución civil de seguridad, como las policías locales y federales. En tanto, en caso de abusos de poder, los miembros de los cuerpos policíacos pueden ser sometidos a los mismos órganos de impartición de justicia que el resto de los ciudadanos, la confidencialidad con que actúan los cuerpos militares por ser sus tareas más sensibles y precisas ha dado pie en el pasado a que las participaciones del ejército mexicano en eventos delicados no siempre resulte en un reporte transparente de los detalles de dichas participaciones (por ejemplo, fue hasta 2020, seis años después de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, que la SEDENA liberó, por la presión mediática y por intercesión de la Presidencia de la República, información sobre los batallones establecidos en Iguala la noche de las desapariciones; «Se crea la Secretaría de la Defensa Nacional», s. f.).

De la misma manera, debido a los niveles de mando que se espera que sean acatados por los miembros del ejército, que inician desde la autoridad directa del presidente del país y descienden en vertical hasta los soldados que tienen un entrenamiento y una vocación pensada en torno al uso sin restricciones de la fuerza y al cumplimiento obediente de órdenes (Nateras González y Valencia Londoño, 2020), se ha vuelto común, desde la mayor participación de las fuerzas armadas en la llamada «guerra contra el narcotráfico» iniciada hace casi 20 años en el país y continuada hasta el día de hoy, el aumento de persecuciones y enfrentamientos que resultan en la ejecución extrajudicial de civiles (Rojas, 2024) por la que las autoridades civiles están limitadas en su capacidad de solicitar transparencia a los organismos como la SEDENA.

Así, aunque la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de orden civil obedece a la lógica tradicional según la cual es el Estado el que ostenta el uso legítimo de la violencia (Nateras González y Valencia Londoño, 2020), su mayor participación en dichos asuntos en años recientes no ha resultado en una menor incidencia de la violencia entre grupos delincuenciales o en estrategias más efectivas de prevención del delito (Rojas, 2024). Esto da pie a reflexionar en torno a la misión histórica con la que nació una institución como la SEDENA y de qué manera esa misión puede cumplirse sin comprometer aún más la seguridad de los ciudadanos a quienes debería proteger.