La complicada educación de los estudiantes indígenas en México

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de 2020 conducido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 19.4% de la población de México mayor a los tres años de edad se identifica a sí misma como indígena (INEGI, 2022: 1). Esta cifra representa a más de 23 millones de personas del total de habitantes mexicanos. Tratándose, así, de un grupo humano que constituye casi la quinta parte del total de la población, resulta importante entender la relación construida entre esta parte poblacional y las estructuras sociales tradicionalmente diseñadas con grupos sociales mayoritarios distintos en mente, una relación que, como puede adivinarse, ha estado caracterizada por la inequidad, como sucede en el caso de la educación, donde el acceso a una formación de calidad ha sido dificultada para los grupos indígenas a lo largo de la historia moderna por estrategias educativas gubernamentales omisas y desequilibradas.

Para comenzar a entender el desigual desarrollo educativo de las poblaciones indígenas en México en comparación con el de la población perteneciente a otros grupos sociales, es bueno primero tener un panorama general de las características distintas de su formación académica. Entre los hablantes de lengua indígena de 15 años y más en México, el grado de escolaridad promedio es de 6.2 grados aprobados, lo que significa que, en promedio, los individuos dentro de este grupo suelen abandonar sus estudios apenas al haber terminado la educación primaria (INEGI, 2022: 5). Para ilustrar, no sólo la población no hablante de lenguas indígenas en el país tiene un nivel promedio de escolaridad más alto, ubicándose en los 10 grados (es decir, en general los no hablantes de lenguas indígenas suelen abandonar sus estudios hasta cerca de un año después de haber ingresado a la preparatoria; ib.), sino que, además, el nivel de escolaridad promedio de la población total en México también es más alto, ya que se encuentra en los 9.7 grados de escolaridad (ib.).

El desequilibrio entre los niveles de formación educativa de las poblaciones indígena y no indígena ilustra a la larga una cadena de desigualdad que es arrastrada hasta entrada la vida adulta, una vez que se espera que los estudiantes se integren al mundo laboral. De acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un solo año de escolaridad adicional en el nivel educativo de la población de un país puede traducirse en un incremento de entre 4 y el 7% en los ingresos anuales promediados por habitante (Universidad Nacional Autónoma de México, s. f.). Por ejemplo, en tanto quienes abandonan sus estudios apenas al terminar la primaria registran ingresos promedios anuales de $54,000 pesos (INEGI, 2023: 21), quienes dejan incompleta la preparatoria ganan en promedio más de $95,000 pesos anuales (ib.), una diferencia de más de $40,000 al año. Así, una distancia tan grande en el nivel educativo como la existente entre los 6.2 grados escolares de los indígenas y los 10 grados del resto de la población a largo plazo puede representar dificultades importantes para que los antiguos estudiantes indígenas puedan integrarse al mundo laboral con empleos remunerados justamente y con los beneficios legales de los trabajos formales. ¿Qué puede explicar, entonces, una tendencia a la deserción escolar tan temprana entre los estudiantes indígenas?

En primer lugar, es digno de considerar el hecho de que, aunque la educación en México tuvo que superar siglos de estar reservada para las clases privilegiadas desde el establecimiento de la colonia española en el siglo XVI, la educación escolarizada pensada para los habitantes de zonas rurales no inició sino hasta después de 1920, una vez que la Secretaría de Educación Pública tomó forma en medio de la Revolución mexicana (Escalón Portilla, s. f.), e incluso entonces no estuvo destinada a la población indígena, sino principalmente a los campesinos (ib.). De esta forma pueden ubicarse históricamente las raíces modernas del rezago educativo entre los descendientes de los pueblos originarios mexicanos, que aun hoy en día se traduce en una tasa de analfabetismo del 20.9% entre los hablantes de lenguas indígenas en comparación con el 3.6% de analfabetismo entre los no hablantes (INEGI, 2022: 6). Incluso cuando al fin se pensó en integrar a los estudiantes indígenas a los programas educativos nacionales, se buscó «castellanizarlos», procurando que aprendieran el español a costa de dejar en desuso sus lenguas maternas para introducirlos a una cultura nacional modelada, de forma excluyente, en torno a parámetros extranjeros (Escalón Portilla, s. f.).

Fue hasta finales de la década de 1960 que se pensó en dar forma a una educación para los estudiantes indígenas que sí tomara en cuenta sus propias cultura y lengua en lugar de limitarse a forzar el aprendizaje de una cultura y lengua ajenas (Escalón Portilla, s. f.) y hasta 1978 se formó la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) con el fin de evaluar el sistema educativo intercultural concebido para integrar a la población indígena (ib.). Sin embargo, incluso entonces las dificultades supuestas por la resistencia de los profesores a enseñar los rasgos culturales indígenas, de los que tenían una percepción negativa, y la falta de materiales suficientes para propiciar el aprendizaje bilingüe de las lenguas maternas de los alumnos y del español (ib.) terminaron por abonar una vez más al rezago educativo indígena.

En la actualidad, a pesar de que en la normatividad oficial impresa existen mecanismos diseñados para la evaluación de la calidad de los programas educativos bilingües e interculturales presentados a alumnos de origen indígena, las dificultades para la formación académica de las poblaciones indígenas pueden constatarse en su naturaleza sistemática a través de la resistencia a la enseñanza de las culturas indígenas entre docentes y autoridades educativas y el diseño de políticas que ignora la opinión de quienes tienen que vivir de forma cotidiana las dificultades de aprender y enseñar con este marco intercultural (Escalón Portilla, s. f.), así como en los defectos en la planeación de este marco educativo ―que después de centrarse en visibilizar las valiosas diferencias culturales propias de los alumnos indígenas desde edad temprana, se aboca a enfatizar esta diferencia cultural en un proceso que a la postre termina por promover aun más la exclusión de dichos alumnos de entre los alumnos no indígenas (Rebolledo Recendiz, 2018) y el aislamiento individual y grupal de los estudiantes indígenas como estrategia de defensa ante los obstáculos sistemáticos supuestos por su educación (Chávez Arellano, 2008)―.

A las complicaciones supuestas por una estrategia política mal diseñada y mal implementada se suman asimismo las dificultades supuestas para las familias indígenas para procurar en la práctica la educación de sus miembros, ya que desde los niveles básicos de educación suele requerirse que las familias dediquen una parte importante de sus ingresos financieros a cubrir los gastos de transporte y materiales requeridos para la formación académica (Chávez Arellano, 2008), una realidad que permea como una de las principales causas de la deserción escolar en las comunidades distanciadas de los centros educativos donde los estudiantes deben cubrir trayectos largos a diario sólo para estudiar (Usla, 2018).

Finalmente, para retomar lo dicho al inicio, es importante considerar que la desigualdad construida en las estrategias educativas para las poblaciones indígenas termina por impactar en efecto la calidad de vida de estas poblaciones a lo largo de todas las etapas de la vida por medio de una mayor dificultad para integrarse a la vida profesional con empleos justos y bien remunerados. Lo que se vuelve capitalmente claro también por medio de estas cifras es el hecho de que priorizar una educación de calidad y una mayor calidad de vida para las poblaciones históricamente marginadas es una inversión útil para las autoridades gubernamentales, que en un país con rezago en desarrollo social como México podría beneficiarse de forma mayúscula de una sociedad más justa.