La discriminación de los estudiantes con discapacidad en México

Del total de la población mexicana, 9.9 millones de personas tienen alguna discapacidad (Gómez, 2022). Aunque las necesidades de atención, cuidado y desarrollo de cada una de esas personas dependen sustancialmente de su tipo de discapacidad (que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] clasifica en seis grupos, que comprenden discapacidades motrices, visuales, auditivas, mentales y de habla; ib.), un rasgo que debería ser común entre todas ellas es el acceso a condiciones justas de educación. Aunque en la actualidad esta noción puede ser un lugar común, no siempre fue así: aun hasta el siglo XIX existía la idea de que la discapacidad era un signo de «inferioridad» que imposibilitaba que las personas fueran aptas para recibir una instrucción escolar de la forma en que lo hacían las personas sin discapacidades («Fundación de la Escuela Nacional para Ciegos», s. f.).

Aunque alrededor de la fecha en que inició la guerra de Independencia en México comenzó a discutirse la idea de ofrecer educación universal en todo el país (Anatolievna Zhizhko, 2020), fue hasta la década de 1860 cuando las primeras escuelas pensadas para alumnos con discapacidades fueron inauguradas en el Distrito Federal (ib.; «Fundación de la Escuela Nacional para Ciegos», s. f.), como la Escuela Municipal de Sordomudos (1866) y la Escuela Nacional para Ciegos (1870). Lo que es más: no fue sino hasta cien años después, con la creación, en 1970, de la Dirección General de Educación Especial (DGEE, como parte de la Subsecretaría de Educación Básica) que se dio reconocimiento gubernamental a la necesidad de integrar la educación especial dentro de la educación general (Anatolievna Zhizhko, 2020).

La importancia de recordar la forma denigrante en que las personas con discapacidad fueron excluidas de la oportunidad de aprovechar un derecho como la educación es que esa raíz aún sobrevive en el sistema educativo mexicano por medio de medidas discriminatorias ejercidas incluso desde los niveles básicos de enseñanza. En la actualidad, en México hay 2.7 millones de niños y jóvenes con algún signo de discapacidad; de ese número, más de 606,000 (es decir, casi una cuarta parte) no reciben ningún tipo de educación formal (Anatolievna Zhizhko, 2020). De los 2.1 millones de niños y jóvenes que sí reciben servicios educativos, una parte importante lo hace al contratar servicios de educación especial, y sólo 11,000 están integrados en escuelas regulares (ib.). Del mismo modo, en tanto entre la población mexicana que no tiene alguna discapacidad el 12.6% logra ingresar a una carrera universitaria, ese número se reduce al 4.9% entre las personas con discapacidad (Redacción Ibero, 2022).

Cabe preguntarse, entonces, cuáles son las razones que conducen a una realidad en la que las personas con discapacidad son ignoradas en números tan grandes en las escuelas mexicanas. La clave, apuntada más arriba, puede adivinarse desde la percepción misma de las personas con discapacidad en México, de las que más de la mitad considera que su derecho a la educación no se garantiza debido a que el sistema educativo las excluye (Redacción Ibero, 2022). En efecto, a pesar de que al día de hoy existen leyes y marcos normativos concebidos desde la política nacional para asegurar un acceso justo a la educación para las personas con discapacidad, en la práctica se han encontrado deficiencias en la forma de implementar las estrategias de integración de los estudiantes incluso desde el nivel inmediato de los profesores, que, por falta de capacitación, desconocen los protocolos a seguir para trabajar con alumnos con discapacidad, muestran desinterés en conocer las dificultades y necesidades de dichos alumnos o mantienen una actitud inflexible que termina por revelar su desconfianza en la capacidad de los alumnos de integrarse con compañeros sin discapacidad para convivir y estudiar (Anatolievna Zhizhko, 2020), lo que refuerza este estigma entre los mismos estudiantes y conduce a los alumnos con discapacidad a un aislamiento social que pone en riesgo la continuidad de su educación.

Como se ha visto antes en este blog, dada la relación estrecha entre las condiciones para el acceso a la educación y las oportunidades laborales, siempre que un grupo social experimenta exclusión u otro tipo de dificultad para su integración en el ámbito escolar, termina por haber también una consecuencia negativa directa en el ámbito laboral y económico. En el caso de las personas con discapacidad, tras ser dificultada su permanencia en las escuelas, al momento de integrarse al mundo laboral, su ingreso promediado anual es de $62,304 pesos, en tanto el ingreso promediado anual entre las personas sin discapacidad es de casi $89,000 (INEGI, 2023: 23), lo que representa una diferencia de casi $30,000 pesos de ingreso en promedio entre un trabajador con discapacidad y uno sin discapacidad. Asimismo, es importante señalar también que, ya que del total de mujeres con discapacidad en México sólo el 3.18% logra ingresar a la universidad en comparación con el 6.08% de los hombres con discapacidad que ingresan (Xantomila, 2022), es seguro asumir que el panorama de los ingresos anuales por persona es aún más inequitativo entre las mujeres con discapacidad. Ya que los ingresos anuales en promedio de una persona que estudia hasta el nivel preparatoria pueden estar hasta $260,000 pesos por debajo de los ingresos anuales promediados de un estudiante universitario o con posgrado (INEGI, 2023: 21), es evidente el efecto negativo a largo plazo que la exclusión experimentada por los estudiantes con discapacidad desde el nivel básico de educación puede conllevar en su desarrollo como trabajadores.

Entender la manera en que los prejuicios denigrantes en torno a las aptitudes académicas o profesionales de las personas con discapacidad pueden de hecho terminar por afectar de manera discriminatoria y sistemática su desarrollo como individuos y su integración social es necesario para implementar cambios como sociedad en el sistema educativo, que debería otorgar herramientas justas a todas las personas.