La lucha por los derechos laborales en México

Como ya se ha visto antes en este blog, incluso hoy en día México sufre como país rezagos importantes en lo que se refiere a beneficios laborales para los trabajadores, al ser, por ejemplo, no sólo el segundo país del mundo donde los empleados tienen proyectada la menor cantidad de fechas anuales de descanso obligatorio pagado (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2020), sino también el país donde, aunque esos empleados perciben uno de los promedios de ganancias anuales más bajos del mundo, se trabaja más horas al año («México, uno de los países donde más horas se trabajan pero no necesariamente se produce más», 2022). Sin embargo, es precisamente este retraso en cuanto a beneficios para los trabajadores mexicanos en comparación con las políticas laborales de muchos otros países del mundo desarrollado lo que vuelve en especial significativos, cuando los ha habido, los esfuerzos por dignificar las condiciones laborales y las luchas de los trabajadores para procurarlo.

En este sentido, puede ser útil para valorar el camino recorrido en la lucha por la dignificación del trabajo conocer de manera general las condiciones laborales de la mayoría de los mexicanos hace apenas poco más de cien años. En la actualidad, es ya bien sabido que durante los más de 30 años del gobierno de Porfirio Díaz en México el país consiguió ponerse a la velocidad del desarrollo urbano promovido desde las naciones del mundo donde la Revolución Industrial del siglo XIX tuvo sus mayores avances, por medio, por ejemplo, de la instalación de sistemas ferroviarios que pudieran conectar puntos distantes del país para beneficiar el comercio y por medio de la llegada de novedades como la luz eléctrica, el teléfono y el tranvía (Olea Franco, 2018: 13-16). Sin embargo, en tanto estos avances tecnológicos tendían a concentrarse en las grandes ciudades y a ser aprovechados en especial por las clases privilegiadas, el resto del país seguía aún mayormente un estilo de vida de corte rural propio del siglo XIX.

Una de las razones por las que el gobierno liderado por Porfirio Díaz fue capaz de atraer el capital de empresarios extranjeros que invirtieron en la modernización de la industria mexicana para beneficio de los centros urbanos que comenzaban a definirse fueron las facilidades y las comodidades que les ofreció a esos empresarios extranjeros, incluido el trabajo en condiciones de explotación de los empleados mexicanos (Morales Moreno, 2019). Es importante señalar también en este punto que, ya que en los censos de 1895, 1900 y 1910 la mayoría de los habitantes del país aún se identificaba como indígena (ib.), es seguro asumir que los trabajadores explotados por industrialistas llegados de fuera con el consentimiento del régimen porfirista eran en su mayoría también de origen indígena, una relación que en sí misma arrastraba las dinámicas de poder y abuso heredadas de los 300 años de México como una colonia española y que permean hasta el día de hoy sectores como el educativo y el profesional en nuestro país.

Entre las condiciones explotadoras de trabajo de los jornaleros en las haciendas se encontraban, por ejemplo, turnos laborales de hasta catorce horas diarias que comenzaban, en algunos casos, a las cuatro de la mañana y salarios míseros insuficientes para cubrir las necesidades de subsistencia de sus familias (Morales Moreno, 2019), lo que a su vez conducía a la adquisición de deudas impagables y vitalicias en las tiendas de raya que eran propiedad de los mismos patrones y en las que los empleados estaban obligados a comprar («Las tiendas de raya», s. f.). Asimismo, los empleados mexicanos (de nuevo, de mayoría indígena) eran discriminados con motivo de su raza por los patrones en comparación con los empleados llegados de otros países («Inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz», s. f.). De esa forma, al mismo tiempo que las empresas extranjeras se instalaban en México para explotar los recursos naturales del país en su producción, las leyes entonces vigentes protegían sus prácticas abusivas en detrimento del trabajador mexicano desentendiéndose de los malos tratos con tal de asegurar sus inversiones (Morales Moreno, 2019), de las que se beneficiaban casi en exclusiva los habitantes de la ciudad.

Fatigados y frustrados por un sistema político y laboral desinteresado en su bienestar, hubo intentos por parte de los trabajadores en distintos centros industriales del país por exigir una supervisión y contención efectivas por parte del gobierno de las prácticas abusivas de los empleadores, incluso cuando el mismo gobierno respaldaba las prohibiciones de los patrones de formar organizaciones o manifestaciones en defensa de sus derechos laborales («Inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz», s. f.). Así fue, por ejemplo, cómo en 1906 los mineros de Cananea, en Sonora, se fueron a huelga para exigir salarios más altos y un trato igualitario para los trabajadores mexicanos con respecto al trato recibido por trabajadores extranjeros (ib.). Como respuesta a estas demandas, la huelga fue reprimida con el visto bueno del gobierno mexicano, lo que terminó con trabajadores muertos y heridos, así como con un recrudecimiento de las condiciones en que los empleados debían laborar por medio de un mayor control por parte de los patrones sobre sus vidas personales, al prohibirles recibir en sus casas visitas de amigos o parientes ―por temor a que pudieran inculcarles ideas relacionadas con la lucha por los derechos laborales― o leer periódicos no aprobados previamente por los mismos patrones, asegurando así que dichas ideas no fueran propagadas.

En ese mismo año de 1906, los dueños extranjeros de Río Blanco, la fábrica más grande del valle de Orizaba en Veracruz, dedicada a la producción de textiles, decidieron reducir el salario ya por sí insuficiente de los trabajadores con el fin de reducir costos en medio de una caída del mercado textil y un alza en costos industriales («Inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz», s. f.). Como consecuencia, los obreros organizaron también una huelga regional, a la que sus patrones respondieron declarando un paro patronal, pidiendo la intervención de Porfirio Díaz a su favor y despidiendo a 30,000 trabajadores de todo el valle de Orizaba (ib.). Aunque el presidente Díaz en efecto intervino, una vez que dio a conocer, en enero de 1907, la resolución con la que esperaba dar por cerrado el conflicto entre los trabajadores y sus patrones, terminó por decidir que se levantaría el paro patronal para que los obreros pudieran volver a sus labores al mismo tiempo que prometía presentar en el futuro varias reformas que beneficiaran a los empleados en temas como salarios y seguro médico (ib.), pero también se prohibió a los mismos trabajadores el derecho a la huelga (permitiéndoles quejarse únicamente por escrito) y se reafirmó la censura sobre cualquier material escrito que pudiera motivarlos a protestar en el futuro y la validez de las multas impuestas por los patrones debido a la huelga de los trabajadores (ib.). 

Cuando, el 7 de enero de 1907, los trabajadores comenzaron una huelga general en las fábricas del valle de Orizaba, y tras el saqueo de las propiedades del dueño de la tienda de raya de las fábricas, el gobierno de Díaz contestó enviando a miembros del ejército a reprimir a los protestantes. El resultado de la intervención del ejército fueron 200 obreros asesinados, 400 arrestados, 40 heridos y más de 1500 despedidos («Inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz», s. f.), así como el fusilamiento de los líderes de la huelga. Las huelgas de Cananea y Río Blanco, que dejaron testimonio del carácter represivo del gobierno porfirista, se consideran por el descontento de la población general que despertaron un antecedente directo de la Revolución mexicana que habría de iniciar poco más de tres años después (ib.).

La Revolución fue determinante para que, 10 años después de la represión en Río Blanco, con Venustiano Carranza como presidente, se expidiera el artículo 123 de la Constitución, donde se establecía el derecho de todos los ciudadanos mexicanos al «trabajo digno y socialmente útil» («Inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz», s. f.). Sin embargo, ya que los conflictos colectivos en distintas ramas industriales continuaron tras la publicación de la Constitución de 1917, rebasando las capacidades del gobierno federal de mediar en todos ellos, eventualmente se volvió necesaria la promulgación de la primera Ley Federal del Trabajo, el 28 de agosto de 1931 ―casi 30 años después de las huelgas obreras de inicio del siglo― («Se promulga la primera Ley Federal del Trabajo», s. f.), una vez que la clase política mexicana comenzó a tomar conciencia en torno a las exigencias históricas de los trabajadores en el país a partir de la Revolución (ib.). Aunque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había sido ya creada por decreto del entonces presidente Plutarco Elías Calles en 1927 con el fin de intervenir en conflictos obrero-patronales, fue la Ley Federal del Trabajo de 1931 la que se encargó por primera vez de regular todos los aspectos individuales, colectivos, administrativos y procesales del derecho laboral en México (ib.).

Como se ve, aunque la tradición en México de relaciones abusivas entre patrones y empleados ha sido larga, y durante buena parte de la historia promovida por el mismo gobierno del que se esperaría una protección efectiva de la dignidad de los trabajadores, la determinación de los obreros ha sido el motor que ha impulsado y puede seguir impulsando cambios estructurales en beneficio de condiciones de trabajo más justas y equilibradas. Aunque sea evidente que hay mucho por hacer aún, los esfuerzos por visibilizar las problemáticas alimentadas por gestiones gubernamentales y patronales desconsideradas con respecto a los trabajadores es un paso indispensable para actuar de manera consecuente.