Los Tratados de Córdoba y el fin de la guerra de Independencia en México

A pesar de que puede asumirse en la conciencia popular sobre la historia de México que la guerra de Independencia iniciada por Miguel Hidalgo en 1810 tuvo de principio a fin un plan claro y concreto acerca de la visión que los combatientes insurgentes que fueron sumándose a la convocatoria de Hidalgo tenían para el país una vez que lograran independizarse de España, en realidad no sólo no hubo durante esos años de lucha ―incluso después de la muerte de Miguel Hidalgo en 1811― un acuerdo entre los insurgentes respecto al tipo de país en el que esperaban convertir a lo que se formaría como México (Suibhne, 2020), sino que, como ya se había visto antes, la guerra fue iniciada por Hidalgo como una declaración de apoyo al gobierno español encabezado por el rey Fernando VII, al que los franceses habían quitado del cargo en 1808 para imponer como monarca de España al hermano de Napoleón Bonaparte, e incluso una vez que se llegó a un acuerdo con las autoridades de la Nueva España para formalizar la independencia, en 1821 («Firma de los Tratados de Córdoba: se acuerda la Independencia de México», s. f.), el objetivo inmediato de los independentistas no era elegir a un gobernante nacido en Nueva España, sino traer a un miembro de la familia real española para que liderara el país nuevo (ib.).

Además de estos detalles, es importante destacar el hecho de que el final de la guerra de Independencia no pudo haber ocurrido sin la coincidencia afortunada de muchos acontecimientos y la colaboración entre voluntades de personas determinantes para el proceso de declaración de Independencia. Entre los factores que coincidieron para dar fin a la guerra estuvo, por ejemplo, la Constitución de Cádiz promulgada en España en 1812 (Bully Magnets, 2018) para limitar el poder absoluto de José Bonaparte, el hermano de Napoleón impuesto como rey durante la invasión francesa de España. En la nueva Constitución se contemplaba prohibir el sistema de castas dominante en España y en Nueva España (lo que significaba, por ejemplo, abolir la esclavitud antes que cualquier otro país de Europa o Estados Unidos), dividir el poder para integrar una rama legislativa en la que, por medio del voto popular, se nombraran diputados representantes de todas las áreas de España y sus colonias y establecer un nivel de igualdad ante la ley entre españoles y novohispanos. Aunque la Constitución de Cádiz fue derogada en 1814, una vez que los españoles ya habían expulsado a los franceses de su país y Fernando VII había vuelto a ser rey, los principios de igualdad que promovió se volvieron una inspiración para los independentistas en América.

Quizá el factor más decisivo para el fin de la guerra fue la intervención de Agustín de Iturbide, hijo de un padre español acaudalado de la región de Valladolid y una mamá criolla (Bully Magnets, 2020), que, durante los primeros años de la guerra de Independencia, se opuso con fuerza a los insurgentes, hasta que decidió en 1816 retirarse del ejército que defendía a la realeza española; cuando Iturbide salió de su retiro, en 1820, para volver a integrarse al ejército realista, la Constitución de Cádiz había entrado de nuevo en vigor (ib.). Aunque Iturbide se inclinaba por la defensa de los privilegios de la clase rica establecida en América, a la que él pertenecía, se oponía a la división de la sociedad en castas que facilitaba la explotación esclavista de ciertos sectores de la población, por lo que, en lugar de luchar de nuevo contra los insurgentes, que ya eran encabezados, diez años después del comienzo de la guerra en 1810, por Vicente Guerrero, les propuso una alianza en que unieran sus esfuerzos para luchar por un país donde se garantizara la defensa de la religión católica, la unión entre las poblaciones española y americana y la independencia legal de España, así como un gobierno que respetara la formación de un congreso elegido por voto popular encabezado por un miembro de la familia real española.

Aunque Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide presentaron su propuesta de plan de independencia al virrey de Nueva España, Ruiz de Apodaca, el virrey la rechazó (Bully Magnets, 2020). No obstante, poco después el virrey Apodaca se vio obligado a renunciar a su cargo debido a las presiones del ejército por la declaración de Independencia y llegó desde España el que sería el nuevo jefe del gobierno de Nueva España, Juan O’Donojú (Archivo General de la Nación, 2018; Bully Magnets, 2020), que, consciente de que España no podría sostener por más tiempo la lucha en contra del descontento en América por la dependencia de la Corona española, aceptó firmar, junto a Iturbide, los Tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821, donde reconocía la independencia de lo que se nombró el Imperio Mexicano (Archivo General de la Nación, 2018). Un mes después, el ejército de Guerrero e Iturbide entró a la Ciudad de México para firmar, al fin, once años después de que la lucha fuera iniciada por Miguel Hidalgo, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano (ib.).

Los problemas, claro, no terminaron ahí, ya que España más tarde declaró la firma de los Tratados de Córdoba como un acto ilegal y desconoció la independencia de México, por lo que también se negó a ofrecer a uno de los miembros de su familia real como emperador del nuevo país, lo que llevaría, a su vez, a Iturbide a ser declarado el primer emperador mexicano (Cardona Boldó, s. f.). No obstante, el recuento de las circunstancias afortunadas que permitieron que una guerra por independencia que duró más de diez años llegara a su fin sirve para recordar que los esfuerzos por la unión entre voluntades y planes aparentemente distintos pueden llevar, en una sociedad dividida, a un fin que funcione para el bien común a largo plazo.